El excandidato a la Vicepresidencia sostiene que la Fiscalía habría omitido aportes correspondientes a la segunda vuelta electoral de 2023 al presentar una comparación de movimientos financieros que involucra a Luisa González.
Una diferencia de USD 130.000 en los registros financieros de la campaña electoral de 2023 abrió una nueva controversia en el caso Laberinto. Andrés Arauz cuestionó la información presentada por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos contra Luisa González y aseguró que no se habrían considerado los aportes correspondientes a la segunda vuelta presidencial.
La madrugada de este domingo 1 de noviembre de 2026, el excandidato a la Vicepresidencia se pronunció públicamente sobre el tema y señaló que existiría una omisión en la comparación de los movimientos económicos utilizados por el Ministerio Público como parte de sus argumentos ante el juez que ordenó la prisión preventiva de González.
Según explicó Arauz, durante la audiencia la Fiscalía expuso que los reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE) registraban USD 75.000 en aportes en efectivo, mientras que la información bancaria analizada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reflejaba movimientos por USD 205.000. Esta diferencia de USD 130.000 habría sido presentada como una inconsistencia financiera.
Sin embargo, Arauz sostiene que esos USD 130.000 corresponderían a aportes registrados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre de 2023, información que, según su versión, no habría sido incorporada en la comparación expuesta ante el juez.
A partir de este señalamiento, el dirigente cuestionó la actuación de la Fiscalía y pidió que se revise la información financiera considerada durante la audiencia. Además, solicitó la libertad de Luisa González, quien permanece bajo prisión preventiva desde el 23 de octubre de 2026.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Laberinto?
El caso Laberinto investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con aproximadamente USD 500.000 que habrían sido destinados al financiamiento de actividades electorales mediante operaciones vinculadas a una empresa del sector de hidrocarburos.
La investigación fiscal busca determinar el origen y destino de esos recursos, así como establecer las posibles responsabilidades de las personas involucradas.
Hasta el momento, el señalamiento realizado por Arauz constituye una versión que requiere contrastación con los registros oficiales del CNE, la información financiera analizada por la UAFE y los elementos incorporados al expediente judicial.
La controversia abre nuevas interrogantes sobre la comparación de los movimientos económicos de la campaña de 2023: ¿los USD 130.000 fueron efectivamente declarados como aportes de la segunda vuelta electoral? ¿Esa información fue considerada por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos?
La respuesta a estas interrogantes será relevante para evaluar el cuestionamiento planteado por Arauz, sin que ello implique, por sí solo, desvirtuar las hipótesis que forman parte de la investigación penal.
Fuente. Radio Visión Manabi
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