Torres aseveró que, apenas arrancó la campaña electoral de la Consulta Popular y Referéndum 2025, la Contraloría inició un operativo que estuvo activado todos los días.
El titular de la Contraloría General del Estado, Mauricio Torres, afirmó que la institución no detectó el posible uso de recursos públicos en la campaña electoral para el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025, que impulso el presidente Daniel Noboa.
“Apenas arrancó la campaña electoral ahora para el referéndum y consulta popular iniciamos un operativo que estuvo activado todos los días. Hubo algunos vehículos detenidos, pero no… hasta el momento nunca detectamos que hubo recursos públicos en la campaña”, aseveró Torres, en una nota que publicó diario El Universo.
Más bien, Torres dijo que apenas arrancó la campaña electoral, la Contraloría inició un operativo que estuvo activado todos los días.
Cabe señalar que la Contraloría junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantienen un acuerdo para vigilar el uso de vehículos e infraestructura oficiales, así como la participación de servidores públicos en actos proselitistas durante el horario laboral.
Este trabajo se sustentó en un convenio interinstitucional suscrito el 9 de enero de 2025 entre la Contraloría y el CNE. El acuerdo buscó coordinar acciones de control específicas e identificar posibles infracciones electorales. Aunque el convenio se firmó inicialmente para los comicios nacionales de febrero y abril de 2025, se aplicó también para las votaciones de noviembre.
Respecto a las elecciones presidenciales y legislativas previas (febrero y abril de 2025), Torres mencionó que el CNE abrió expedientes, y la Contraloría también abrió uno, aunque no recordó el tema específico.
OEA hace pedidos
A pesar de la declaración del contralor Torres, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas para investigar el posible uso de recursos públicos en estos periodos electorales.
En su informe preliminar divulgado el 18 de noviembre de 2025, la MOE-OEA recomendó al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y a la Contraloría avanzar en la investigación de estos posibles casos.
La misión sugirió aprovechar el Sistema de Interconexión de Datos que la ley prevé para el intercambio de información sobre el financiamiento político electoral.
La misión relató que personas entrevistadas les informaron sobre acciones del Gobierno nacional anunciadas a pocos días de la jornada de votación:
- Bono “Legado de Honor”: Se anunció la entrega de este bono por USD 46 millones para aproximadamente 100.000 policías y militares en servicio activo durante la campaña.
- Estímulos a funcionarios: Se reportaron “estímulos a funcionarios públicos”, en referencia al pago adelantado del decimotercer sueldo (correspondiente a fin de año).
La MOE-OEA manifestó su preocupación por el hecho de que la entrega de recursos financieros a pocos días de la elección pudiera generar percepciones desequilibradas y posibles sesgos, afectando la equidad en la contienda electoral, aun cuando se haya justificado que estas prestaciones obedecían al interés de reconocer el esfuerzo de los servidores públicos.
Además, a la misión internacional se le informó sobre la publicidad del Banco del Pacífico (una sociedad anónima con participación estatal) que destacaba la palabra sí en sus spots de radio y televisión. No obstante, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que se trataba de una institución privada.
Dato de la campaña electoral
La campaña por el referéndum y consulta popular tuvo una duración de 13 días (entre el 1 y 13 de noviembre de 2025) y contó con la participación de quince organizaciones sociales y políticas.
Radio Pichincha
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