Para el gobierno de Gustavo Petro, la decisión de Daniel Noboa de derogar los aranceles a productos colombianos es, simplemente, cumplir con la decisión de la CAN.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado este 30 de mayo de 2026 en el que rechaza de forma categórica lo que denomina la “engañosa presentación” de la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar los aranceles al comercio bilateral.
Lo que el mandatario ecuatoriano promociona como un acto de “buena voluntad” tras un acuerdo político con el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, la Cancillería colombiana lo califica como una obligación legal eludida y una intromisión flagrante en su proceso democrático.
Así, la Cancillería de Colombia decidió “precisar” que la derogatoria de las medidas arancelarias por parte de Ecuador no nace de una concesión generosa, sino que “debe entenderse como el resultado de las órdenes perentorias de eliminación de esos aranceles y otras medidas de restricción al comercio, impuestas al Ecuador en las correspondientes resoluciones expedidas por la Secretaría General de la CAN”.
Colombia sostiene que presentar esta decisión técnica y obligatoria como un gesto político “desdibuja su fundamento jurídico e institucional“.
La Secretaría General de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) ya había ordenado a ambos países retirar los gravámenes impuestos durante su reciente disputa comercial, otorgando un plazo que venció el pasado 21 de mayo.
Por tanto, para el gobierno de Gustavo Petro, Noboa simplemente está cumpliendo con un compromiso internacional previamente asumido que ya estaba en mora.
El factor electoral: ¿Injerencia o cooperación?
La crítica de Colombia fue el momento y la forma del anuncio por parte de Daniel Noboa.
Apenas dos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Daniel Noboa divulgó una videollamada con Abelardo de la Espriella en la que afirmaba:
“Desde el primero de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad”.
Noboa justificó la medida alegando que confirmó con De la Espriella una “voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo”.
Sin embargo, para la diplomacia colombiana, este acto representa una “deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia“.
El comunicado oficial señala que “esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”.
Colombia advierte que el uso de medidas económicas significativas en el marco de campañas electorales extranjeras genera incertidumbre y afecta la confianza entre los agentes económicos, alejando estas decisiones del rigor técnico que debería orientarlas.
El costo de la “guerra comercial” y las presiones externas
El trasfondo de esta normalización forzada es una crisis comercial que golpeó severamente a los sectores productivos. La denominada tasa de seguridad” impuesta por Ecuador comenzó en febrero de 2026 con un 30%, escaló al 50% y alcanzó un asfixiante 100% desde el 1 de mayo.
Esta medida unilateral fue, según Colombia, “contraria a los principios y obligaciones que rigen el ordenamiento jurídico andino“, afectando la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas sociales de las poblaciones fronterizas. Incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían formulado observaciones al gobierno ecuatoriano sobre los riesgos económicos y la pérdida de competitividad asociados a estas restricciones.
Un ejemplo del impacto se observa en el sector arrocero ecuatoriano.
Javier Ronquillo, presidente de Corpnoarroz, reveló a varios medios que el precio del saco de arroz cayó a USD 20, su nivel más bajo en cinco años, debido al bloqueo del mercado colombiano que absorbía 100.000 toneladas anuales de excedentes.
Los productores ecuatorianos, que enfrentan costos de producción de hasta USD 28, calificaron el periodo como una “ruptura comercial” devastadora.
Hacia una normalización con cicatrices
Pese al reclamo, Colombia confirma que procederá a la normalización de las condiciones comerciales.
El gobierno colombiano anunció que, en coherencia con la anunciada derogatoria ecuatoriana y con el fin de restablecer la simetría en las relaciones económicas, “procederá igualmente a derogar las medidas adoptadas para mitigar las distorsiones generadas por las restricciones implementadas por el Ecuador“.
La Cancillería reafirma su compromiso con el libre comercio intracomunitario y la integración andina, pero deja claro que los asuntos de Estado deben permanecer “al margen de consideraciones político-electorales y gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados“.
Mientras Ecuador se prepara para levantar los aranceles este 1 de junio, el silencio de la Presidencia de Daniel Noboa ante las consultas sobre si la medida se mantendría si De la Espriella no avanza al balotaje este domingo 31 de mayo de 2026 añade una capa de incertidumbre a una relación bilateral que, aunque recupera su flujo comercial, queda profundamente marcada por la desconfianza diplomática.
Según sondeos de opinión, el candidato de izquierda Iván Cepeda lidera la intención de voto y es el más opcionado a ganar las elecciones presidenciales en Colombia.
Radio Pichincha
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